El derecho de los niños a ser hijos

El debate sobre la adopción por parte de familias mono y homoparentales tiene sin duda un impacto en la vida de muchos de niños. Sin embargo, creemos que, con todo y su importancia, no es por donde hay que empezar. Si lo que de verdad queremos es garantizar el ejercicio efectivo y pleno de los derechos de los niños, en especial el derecho a ser hijos, no podemos perder de vista el auténtico foco de la cuestión. La discusión tendría que ser entonces cómo hacemos realidad los principios constitucionales del interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos para prevenir que ingresen al sistema de protección.

El ambiente óptimo para el crecimiento de los seres humanos es la familia. Todos los niños tienen derecho a ser hijos, protagonistas en un entorno nutritivo, amoroso y cuidador donde puedan desarrollar su potencial. Los niños necesitan un referente familiar estable, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por su bienestar.

“Para desarrollarse normalmente, todo niño necesita que alguien esté loco por él”, Urie Bronfenbrenner.

Pero en Colombia, según cifras del ICBF a junio del 2016, más de 25.000 niños, niñas y adolescentes estaban creciendo sin una familia bajo protección del Estado en instituciones y hogares sustitutos. Por eso hoy deberíamos estar debatiendo sobre qué tipo de sociedad somos para que se le niegue a tal cantidad de niños su derecho a ser hijos. Hoy deberíamos debatir sobre dónde está la corresponsabilidad de los adultos en la garantía de los derechos de los niños.

De los 25.000 niños en protección, un poco más de 6.300 habían sido declarados en adoptabilidad y casi 15.000, en vulneración de derechos, esta última una declaratoria que no es otra cosa que un limbo, un laberinto, una zona etérea en la que nadie toma decisiones. De acuerdo con el propio ICBF, el tiempo promedio en que los niños permanecen en esta declaratoria de vulneración es de 2 años y 4 meses, 22 meses más de los 6 meses que como máximo establece la ley para definir si un niño se reintegra a su familia de origen o se declara en adoptabilidad.

Hoy deberíamos estar hablando también de estos miles de niños a los que no se les define su proceso y buscando entre todos una solución real para que se cumpla con el plazo de los 6 meses que como máximo determina la ley para definir el proceso. La institucionalización o ubicación en un medio sociofamiliar tiene que ser una medida transitoria, de verdad temporal. Hoy deberíamos estar discutiendo sobre esa maraña de recursos, apelaciones, demandas, sanciones, fallos e investigaciones que entorpecen el rápido restablecimiento de los derechos de los niños.

Como lo señala el profesor de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, los daños en el desarrollo de los niños institucionalizados por mucho tiempo no son menores, ni superficiales ni pasajeros: retrasos evolutivos, logros psicológicos limitados, problemas de conducta o problemas de adaptación a largo plazo, para citar solo algunos. Al quitarles la oportunidad a los niños de crecer en una familia, ellos viven sin la noción de pertenecer, de tener una situación estable y una visión de futuro.

Lo que define a la familia no es el número, ni la orientación sexual de sus miembros. Lo que define a la familia son los vínculos de cuidado, amor incondicional y protección que generan entornos nutritivos desde lo ético, cognitivo, afectivo, espiritual y relacional.

De allí que estemos de acuerdo con la definción de familia de la Corte Constitucional:

“Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”.

El desarrollo infantil no depende del tipo de familia en que se crezca, sino de la calidad de sus relaciones y del afecto y la estimulación que en ella se reciba. Por eso, hoy deberíamos estar debatiendo sobre políticas públicas para generar procesos de transformación en los adultos, las familias y las comunidades para generar interacciones y vínculos más sanos con los niños, por ejemplo.

En definitiva, si los principios constitucionales del interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños fueran una realidad, hoy no tendríamos ni siquiera que estar discutiendo sobre la adopción, ni mucho menos sobre la idoneidad de las familias mono y homoparentales para adoptar.